Reunidos en la sede de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Nativas Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), ubicada en la Región Amazonas, el día 26 de mayo de 2010, los dirigentes de las organizaciones indígenas representativas Consejo Aguaruna Huambisa (CAH), Federación de las Comunidades Awajun de Santiago (FECAS), Consejo Indígena Amazónico del Perú (CIAP), Organización de Desarrollo de las Comunidades Nativas Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Organización para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas de Numpatkaim y Alto Comaina (ODECINAC) y Organización para el desarrollo de las Comunidades de Alto Comaina (ODECOAC), Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón (FEMAAM), de la organización regional ORPIAN-P, de la organización nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), líderes, lideresas y Apus de las Comunidades Nativas, expresamos públicamente lo siguiente:
1. El Gobierno, después de los trágicos sucesos del 5 de junio del 2009, como consecuencia de su condenable accionar frente a la legítima defensa de los pueblos indígenas por nuestros territorios y la Amazonía, lejos de haber implementado medidas de reparación y reconciliación, viene practicando una estrategia de criminalización de la protesta social, produciendo leyes orientadas a ello (como mas de una decena de decretos que hacían parte del paquete legislativo del año 2008 y que afectaban y siguen afectando los derechos fundamentales de la persona), persiguiendo con denuncias, intervenciones policiales y procesos penales a líderes y comuneros indígenas.
2. En relación con ello, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, en sus “Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba”, enfatizó: “[…] si bien reconoce la necesidad de que se preserve el orden público y que se investigue y sancione a los responsables de delitos y/o violaciones de derechos humanos, el recurso o utilización de la vía penal no debería ser la vía ordinaria para abordar la conflictividad y protesta social, sino que debería ser el último recurso aplicable (última ratio) y debería estar estrictamente limitado al principio de necesidad social imperiosa en una sociedad democrática”. (Párrafo 39, 20.07.09). Asimismo, la CIDH, pronunciándose para el mismo caso señaló: “es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión” (Comunicado de Prensa N°35/09, 08.06.09).
3. En la fecha, hacemos pública nuestra enorme preocupación por el alto número de hermanos awajun y wampis que se encuentran sufriendo lentos procesos penales (más de sesenta comuneros y dirigentes) y encarcelamiento (cuatro), así como por muchos otros que, sabiéndose perseguidos y sin tener certeza sobre su situación legal, se encuentran escondidos con los consiguientes temores y perjuicios para sí mismos, sus familias y sus comunidades. Asimismo, el Gobierno mantiene su persecución a través de juicios penales a dirigentes regionales y nacionales.
4. Nuestro presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota, quien por razones de seguridad, se encontraba asilado en un país extranjero, ha retornado al país por su propia voluntad, y actualmente, bajo medidas de comparecencia restringida, viene defendiendo su inocencia frente a los cargos que se le imputan injustamente.
5. Todo ello, a pesar de que la reciente aprobación de la Ley de la Consulta por el Congreso legislativo ha consagrado como legítima nuestra lucha contra los decretos legislativos inconsultos que afectaban y aún afectan nuestros derechos fundamentales reconocidos por tratados internacionales ratificados por el Estado peruano.
6. Ahora, tras más de un año de persistir esta situación ya insostenible, exigimos que el Poder Judicial y el Ministerio Público, aplicando el debido proceso, y los principios y criterios de justicia, verdad, democracia e interculturalidad, actúen con la prioridad e inmediatez necesarias para devolver la libertad y tranquilidad a nuestros dirigentes, líderes y hermanos inocentes, víctimas del juego de este gobierno por entregar nuestros territorios y los recursos naturales del país a intereses transnacionales.
7. En tal sentido, urgentemente, demandamos muestras claras de atención a lo solicitado y de la voluntad del Gobierno hacia la reconciliación y la paz social. De lo contrario, nuestro deber será tomar las acciones de protesta necesarias, ante lo que sería un acto más de desprecio para nuestros pueblos y de injusticia hacía nuestros hermanos.
