Las organizaciones amazónicas y andinas de los pueblos indígenas a nivel nacional y quienes suscribimos el presente, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra indignación y rechazo frente a la decisión del Poder Ejecutivo de observar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que fuera aprobada por el Congreso de la República.
Luego de los lamentables sucesos de Bagua, se abrió un canal de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas en las Mesas de diálogo. Las organizaciones indígenas, participamos en este proceso con voluntad sincera de arribar a consensos y soluciones, llegando a concertar en la Mesa N° 3, sobre la base de la propuesta de la Defensoría del Pueblo, un proyecto de ley sobre Consulta Previa, el que fue luego desconocido por el Poder Ejecutivo.
Las organizaciones indígenas, andinas y amazónicas, en consenso, le dieron continuidad a este proceso, presentándolo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Esta Comisión, aprobó un proyecto de ley respaldado ampliamente por las organizaciones indígenas. Sin embargo, el pleno priorizó la discusión del dictamen de la Comisión de Constitución, el que finalmente fue aprobado. Manteniendo nuestra voluntad de concertación, aceptamos la ley aprobada.
Este proyecto, que sólo recoge los contenidos mínimos que garantizan el derecho a la consulta, ha sido observado por el Gobierno, con los siguientes argumentos:
Se desconoce a las comunidades andinas como sujetos de derecho del Convenio N° 169 de la OIT. Sin embargo, la Constitución Peruana, no distingue entre los derechos de Comunidades Campesinas y Nativas; el propio Estado Peruano en sus informes a la OIT, ha reiterado que las Comunidades Campesinas están amparadas por el Convenio; la OIT, el Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas ratifican este concepto. Cabe señalar que según datos del INEI del 2008, el 26% de la población peruana se autoreconoce como integrante de un pueblo indígena u originario.
El gobierno quiere librar de responsabilidad a los funcionarios que incumplan con el derecho de consulta previa. Asimismo, pretende que ningún proceso judicial impida la ejecución de sus decisiones aún cuando no sean consultadas.
Se vulnera el derecho a la autonomía de las organizaciones indígenas y a las formas de decisión interna de los pueblos indígenas, al intervenir la ONPE, como entidad que definiría la representación de los pueblos que son consultados.
Se argumentó que el derecho a la consulta no abarca los Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo. Ello falta a la verdad puesto que el artículo 7 del Convenio de OIT señala expresamente que “dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
El Gobierno pretende confundir a la opinión pública levantando el concepto de veto cuando este no está recogido en el dictamen aprobado. El consentimiento que exigimos los pueblos indígenas implica la búsqueda de consensos, sin imposiciones.
Se pretende legitimar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas mediante indemnizaciones; de esa manera buscan “comprar” nuestros territorios, nuestra dignidad, en suma nuestra vida.
Las observaciones del Gobierno nos remiten a la misma situación vivida antes de los sucesos de Bagua e incluso la agravan. Se continúa con la política del “perro del hortelano”, desconociendo a los pueblos indígenas, para mantener a toda costa los exagerados beneficios a las industrias extractivas.
Las observaciones planteadas hacen inviable un acuerdo. Es por ello que solicitamos al Congreso de la República que insista en la promulgación de la Ley aprobada.
El actual esquema de decisiones sobre los recursos naturales y los bienes públicos es vertical, poco participativo, y durante este gobierno, totalmente autoritario, lo que ha elevado la conflictividad social. La implementación de la consulta previa, permitiría espacios de diálogo que evitarían los conflictos.
Convocamos a los sectores sociales, políticos, medios de comunicación, y a la opinión publica en general, a exigir la aprobación de la ley, sin observaciones.
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PERÚ¡
NUESTROS DERECHOS EXISTEN Y ESTAN VIGENTES AUN SIN REGLAMENTO¡
Lima, 23 de junio 2010.
ORGANIZACIONES: AIDESEP, CONACAMI, CCP, CNA, CONAP.
INSTITUCIONES: PAZ Y ESPERANZA, CNDH, APRODEH, COOPERACCIÓN, RED MUQUI, CARE, FEDEPAZ, PROGRAMA DE DEFENSA INDIGENA, DAR, CAAAP,
Luego de los lamentables sucesos de Bagua, se abrió un canal de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas en las Mesas de diálogo. Las organizaciones indígenas, participamos en este proceso con voluntad sincera de arribar a consensos y soluciones, llegando a concertar en la Mesa N° 3, sobre la base de la propuesta de la Defensoría del Pueblo, un proyecto de ley sobre Consulta Previa, el que fue luego desconocido por el Poder Ejecutivo.
Las organizaciones indígenas, andinas y amazónicas, en consenso, le dieron continuidad a este proceso, presentándolo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Esta Comisión, aprobó un proyecto de ley respaldado ampliamente por las organizaciones indígenas. Sin embargo, el pleno priorizó la discusión del dictamen de la Comisión de Constitución, el que finalmente fue aprobado. Manteniendo nuestra voluntad de concertación, aceptamos la ley aprobada.
Este proyecto, que sólo recoge los contenidos mínimos que garantizan el derecho a la consulta, ha sido observado por el Gobierno, con los siguientes argumentos:
Se desconoce a las comunidades andinas como sujetos de derecho del Convenio N° 169 de la OIT. Sin embargo, la Constitución Peruana, no distingue entre los derechos de Comunidades Campesinas y Nativas; el propio Estado Peruano en sus informes a la OIT, ha reiterado que las Comunidades Campesinas están amparadas por el Convenio; la OIT, el Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas ratifican este concepto. Cabe señalar que según datos del INEI del 2008, el 26% de la población peruana se autoreconoce como integrante de un pueblo indígena u originario.
El gobierno quiere librar de responsabilidad a los funcionarios que incumplan con el derecho de consulta previa. Asimismo, pretende que ningún proceso judicial impida la ejecución de sus decisiones aún cuando no sean consultadas.
Se vulnera el derecho a la autonomía de las organizaciones indígenas y a las formas de decisión interna de los pueblos indígenas, al intervenir la ONPE, como entidad que definiría la representación de los pueblos que son consultados.
Se argumentó que el derecho a la consulta no abarca los Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo. Ello falta a la verdad puesto que el artículo 7 del Convenio de OIT señala expresamente que “dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
El Gobierno pretende confundir a la opinión pública levantando el concepto de veto cuando este no está recogido en el dictamen aprobado. El consentimiento que exigimos los pueblos indígenas implica la búsqueda de consensos, sin imposiciones.
Se pretende legitimar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas mediante indemnizaciones; de esa manera buscan “comprar” nuestros territorios, nuestra dignidad, en suma nuestra vida.
Las observaciones del Gobierno nos remiten a la misma situación vivida antes de los sucesos de Bagua e incluso la agravan. Se continúa con la política del “perro del hortelano”, desconociendo a los pueblos indígenas, para mantener a toda costa los exagerados beneficios a las industrias extractivas.
Las observaciones planteadas hacen inviable un acuerdo. Es por ello que solicitamos al Congreso de la República que insista en la promulgación de la Ley aprobada.
El actual esquema de decisiones sobre los recursos naturales y los bienes públicos es vertical, poco participativo, y durante este gobierno, totalmente autoritario, lo que ha elevado la conflictividad social. La implementación de la consulta previa, permitiría espacios de diálogo que evitarían los conflictos.
Convocamos a los sectores sociales, políticos, medios de comunicación, y a la opinión publica en general, a exigir la aprobación de la ley, sin observaciones.
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PERÚ¡
NUESTROS DERECHOS EXISTEN Y ESTAN VIGENTES AUN SIN REGLAMENTO¡
Lima, 23 de junio 2010.
ORGANIZACIONES: AIDESEP, CONACAMI, CCP, CNA, CONAP.
INSTITUCIONES: PAZ Y ESPERANZA, CNDH, APRODEH, COOPERACCIÓN, RED MUQUI, CARE, FEDEPAZ, PROGRAMA DE DEFENSA INDIGENA, DAR, CAAAP,
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